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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Delmagro, Cristina Inés c/ Pisani, Rosa

Emergencia económica. Refinanciación hipotecaria. Ley Nº 26.167. Precedente "Rinaldi". Remisión.

Emergencia económica. Refinanciación hipotecaria. Ley Nº 26.167. Precedente "Rinaldi". Remisión.

D. 817. XLII. Recurso de hecho. "Delmagro, Cristina Inés c/ Pisani, Rosa".

Suprema Corte:

-I-

Si bien el sub lite se trata de un juicio de consignación, las cuestiones materia de recurso, guardan sustancial analogía con las examinadas en la causa: S.C. R. N° 320, L. XLII, caratulada "Rinaldi, Francisco Augusto y otros c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otro s/ Ejecución hipotecaria", dictaminada por esta Procuración General el día 8 de febrero de 2007, corresponde remitir, en lo pertinente, a los términos y consideraciones allí vertidos, por razones de brevedad.

-II-

En el dictamen precedentemente referido me pronuncié, asimismo, acerca de la constitucionalidad de la Ley Nº 26.167, a cuyos argumentos también remito brevitatis causae y por razones de economía procesal, no obstante que esta cuestión no viene debatida en autos por tratarse de una ley posterior a la interposición del recurso.

Motiva, sin embargo, esta última remisión, la jurisprudencia de ese Alto Tribunal en orden a que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario, y a que, si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto del litigio, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos dispositivos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (cfr. Fallos: 325: 28, 1345, 1440, 2177, 2275; entre otros).

Ello sin perjuicio de que V.E., de estimarlo pertinente, confiera vista a las partes, a fin de que expresen lo que consideren conducente sobre la nueva ley.

-III-

Dada la solución que propicio, resulta inoficioso que me pronuncie sobre los agravios relativos a la tasa de interés y a la imposición de costas.

-IV-

No dejo de advertir que el a quo denegó el recurso extraordinario interpuesto a fs.188/195 vta., alegando que, la cuestión federal debe ser oportuna y adecuadamente introducida en la causa, esto es en la primera oportunidad posible y previsible que brinde el procedimiento, y luego debe ser mantenida en el curso del proceso, bajo pena de improcedencia del recurso.

Al respecto, corresponde recordar que V.E. tiene dicho que, en el marco del recurso extraordinario no existe el requisito de reserva de la cuestión federal, sino el de la introducción de la misma, pues la exigencia que debe cumplirse es su oportuno planteo, a fin de que los jueces puedan decidirla, sin que ello requiera de fórmulas sacramentales (cfr. doctrina de Fallos: 324:547, 1295, 1344). En tales condiciones, se observa que, en la especie, la cuestión federal relativa a la aplicabilidad y constitucionalidad del régimen de emergencia (Leyes Nros. 25.561 y 25.820 y Decretos Nros. 214/02 y 320/02), fue introducida por la demandada al contestar la demanda (v. fs.102/116 vta.) y mantenida por la actora tanto al contestar el planteo de inconstitucionalidad, como en su memorial de la apelación ordinaria.(v. fs. 124/126, 169/171 vta., respectivamente.)

Sin perjuicio de ello, se añade, por otro lado, que dichas cuestiones fueron tratadas por los jueces del caso, extremo que, en el marco de la jurisprudencia de V.E., torna inoficioso todo estudio respecto de la oportunidad y modo de su introducción y mantenimiento en el pleito (v. Fallos: 325:2875, 3255; etc.).

-V-

Por lo expuesto opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y, oportunamente, volver las actuaciones al Juzgado de origen, a fin de que su titular ordene la sustanciación del procedimiento especial establecido en la Ley Nº 26.167.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.

Esteban Righi.

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Delmagro, Cristina Inés c/ Pisani, Rosa", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que hallándose en trámite el recurso de queja deducido por la actora, dicha parte hizo saber que se había acogido al sistema de refinanciación hipotecaria y que el mutuo había sido declarado elegible por el agente fiduciario, firmando el correspondiente contrato, por lo que después de haber oído a las partes sobre la incidencia que podía tener en el caso la Ley Nº 26.167, la Corte Suprema se encuentra en condiciones de decidir la diversidad de temas propuestos.

2°) Que las cuestiones planteadas en la presente causa resultan sustancialmente análogas, en lo pertinente, a las resueltas por el Tribunal en la causa R.320.XLII "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria" con fecha 15 de marzo de 2007, votos concurrentes, cuyos fundamentos corresponde dar por reproducidos por razón de brevedad.

El doctor Petracchi se remite a su voto en las causas L.1167.XLII y L.38.XLIII "Lado Domínguez, Ramón Alberto c/ Delriso, Rubén", del 20 de junio de 2007.

3°) Que la discusión acerca de si la recurrente incurrió o no en mora y de la posible fecha en que ésta tuvo lugar, resulta inconducente en el caso para decidir sobre la aplicabilidad del régimen de refinanciación hipotecaria, habida cuenta de que tanto desde la postura de la demandante, que entendió no haber incurrido en mora y dedujo la consignación, como de lo invocado por la demandada en su responde, se llegaría a idéntica conclusión en cuanto a la aplicación del citado régimen legal, sin que exista razón para soslayar eventualmente esta conclusión frente a lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley Nº 26.167.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara procedente la queja y formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se revoca el fallo apelado en lo que respecta al modo en que debe calcularse el monto adeudado. Asimismo, se rechaza el planteo de inaplicabilidad de la Ley Nº 26.167 y del régimen de refinanciación hipotecaria, formulado por la demandada a fs. 93/94. Costas por su orden.

Notifíquese, agréguese la queja al principal, reintégrese el depósito y vuelvan los autos al tribunal de origen para que se cumpla con el trámite previsto por la Ley Nº 26.167.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Carmen M. Argibay (según su voto).

Voto de la Señora Ministra doctora Doña Carmen M. Argibay.

Considerando:

Si bien el presente caso se trata de un juicio de consignación, las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las resueltas por el Tribunal con fecha 15 de marzo de 2007 en la causa R.320.XLII "Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria", voto de la jueza Argibay, a cuyos fundamentos y conclusión me remito por razones de brevedad.

Asimismo, cabe señalar que asiste razón al actor cuando sostiene que son de aplicación al caso las Leyes Nros. 25.798 y 26.167. En efecto, según mi entender, del requisito exigido por las referidas leyes, según el cual "[...] la parte deudora deberá haber incurrido en mora entre el 1° de enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003 [...]", no se infiere que, como la deudora no es morosa, entonces su situación no está contemplada en dicha normativa. Arribar a esta conclusión implicaría suponer que el legislador habría colocado en peor situación a quien cumplió con sus obligaciones respecto de aquel que no lo hizo, lo que resulta evidentemente irrazonable.

Por otra parte, tal interpretación importaría distorsionar la finalidad buscada por el legislador de establecer una distinción entre distintos casos de mora -y no entre morosos y no morosos-, limitando la aplicación de la ley a aquellos incumplimientos vinculados causalmente con la crisis económica.

Por lo expuesto, se declara procedente la queja, admisible el recurso extraordinario deducido por el actor y se revoca el fallo apelado a fin de que se lleve a cabo el procedimiento establecido en la Ley Nº 26.167.

Carmen M. Argibay.



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